• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El ataque con un arma cortopunzante que dejó gravemente herida a una estudiante de siete años al interior de la Escuela Islas de Chile, en la comuna de La Granja, volvió a situar en el centro de la discusión la creciente complejidad de los episodios de violencia que afectan a las comunidades educativas en el país. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, cuando la menor, que cursa segundo básico, solicitó permiso para ir al baño mientras participaba de una clase de Educación Física. En ese momento fue atacada por otra estudiante, quien utilizó un cuchillo para agredirla.

Aunque se trata de un caso excepcional por la gravedad de los hechos, el episodio se suma a una serie de situaciones de violencia registradas en establecimientos educacionales durante los últimos años, en un contexto donde las cifras muestran un deterioro sostenido de la convivencia escolar y un aumento en los conflictos que llegan tanto a las autoridades educacionales como a las policías.

Cifras preocupantes

Un estudio elaborado por Acción Educar, basado en datos de la Superintendencia de Educación, registros policiales e Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) del SIMCE 2024, muestra que las denuncias por convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia aumentaron un 122% entre 2015 y 2025, alcanzando 17.076 casos durante el último año, cifra que representa un incremento del 22,3% respecto de 2024.

El análisis también evidencia un deterioro del ambiente escolar cotidiano. Solo el 48% de los docentes de cuarto y sexto básico considera que existe una cultura de respeto hacia la autoridad dentro de los establecimientos. En paralelo, apenas el 29% de los estudiantes afirma que en las salas existe el silencio necesario para aprender y únicamente el 37% sostiene que el ambiente permite trabajar con tranquilidad.

La situación también se refleja en las estadísticas policiales. Entre 2017 y 2025, los casos registrados por las policías al interior de establecimientos educacionales crecieron un 74%, pasando de 7.189 a 12.501. Entre los delitos con mayor incremento destacan aquellos vinculados a armas, que aumentaron un 388%, y las infracciones relacionadas con drogas, que crecieron un 160%.

Los datos muestran además que el problema trasciende los hechos más graves. En segundo medio, un 54% de los estudiantes declara haber sufrido burlas o molestias por parte de sus compañeros, mientras que un 52% asegura haber sido ignorado, aislado o excluido socialmente.

El estudio concluye que la convivencia escolar tiene un impacto directo en los aprendizajes. Los establecimientos con mejores indicadores de ambiente seguro presentan un 68% de estudiantes con asistencia superior al 90%, mientras que aquellos con peores niveles apenas alcanzan un 47%. Asimismo, cada punto adicional en el índice de convivencia escolar se asocia con mejores resultados en comprensión lectora y matemáticas en el SIMCE.

Un fenómeno más complejo que un problema disciplinario

Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación de la Universidad Andrés Bello, sostiene que la evidencia no permite afirmar que toda la violencia escolar se haya intensificado de manera uniforme, pero sí demuestra una mayor complejidad en los conflictos y una creciente visibilidad de episodios de alta gravedad. Agrega que la UNESCO sostiene que la violencia escolar responde a múltiples factores personales, familiares, escolares y sociales, mientras que la Superintendencia de Educación ha informado un aumento de las denuncias desde el retorno a la presencialidad.

Catalán señala que casos como el ocurrido en La Granja no significan que la escuela sea el origen de la violencia, sino que reflejan problemáticas sociales cada vez más complejas. Entre ellas menciona el deterioro de la salud mental, la exposición permanente a contenidos violentos en plataformas digitales y el debilitamiento de los vínculos comunitarios.

En ese escenario, destaca la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, normativa que busca instalar un enfoque preventivo basado en el bienestar y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.

Respecto del aumento de agresiones entre estudiantes de menor edad, el académico afirma que “no existe una única explicación”. Desde la teoría ecológica del desarrollo, explica, el comportamiento infantil y adolescente está determinado por la interacción entre la familia, la escuela, el entorno social y las políticas públicas.

A ello se suman otros factores propios del contexto actual, como los problemas de salud mental, las secuelas emocionales que dejó la pandemia, la exposición temprana a contenidos violentos en redes sociales, la baja tolerancia a la frustración y las dificultades para resolver conflictos mediante el diálogo.

Por ello, sostiene que estas conductas no deben entenderse únicamente como problemas disciplinarios, sino como la expresión de necesidades socioemocionales que requieren intervención temprana, apoyo familiar y respuestas educativas permanentes.

Brechas importantes

Sobre la preparación de los establecimientos para enfrentar este tipo de situaciones, Catalán reconoce que Chile ha avanzado con la nueva legislación, pero advierte que la principal dificultad sigue siendo su implementación. Explica que muchos colegios continúan enfrentando falta de equipos interdisciplinarios, sobrecarga laboral de docentes y directivos y dificultades para acceder a atención especializada en salud mental, elementos que limitan la capacidad de prevenir conflictos antes de que escalen.

En la misma línea, la académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y jefa de Liderazgo Estudiantil de CELITED, Carmen Gloria Zúñiga, plantea que existen señales concretas del deterioro de la convivencia, aunque llama a interpretar correctamente las cifras.La especialista explica que el aumento de denuncias también responde a un marco normativo más exigente y a que las familias conocen mejor sus derechos, por lo que recurren con mayor frecuencia a los mecanismos de denuncia. Sin embargo, advierte que ello no significa necesariamente que todos los conflictos hayan aumentado en la misma proporción.

Zúñiga sostiene que el país lleva más de dos décadas legislando sobre convivencia escolar sin contar con evaluaciones nacionales independientes que permitan medir el impacto real de las políticas públicas implementadas.

Asimismo, afirma que los establecimientos no están completamente preparados para enfrentar situaciones de esta magnitud, no por falta de normas, sino porque las nuevas obligaciones legales no siempre han ido acompañadas de recursos suficientes.