• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Un grave hecho de violencia se registró en el liceo Lezaeta de Calama, donde un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, dejando como resultado la muerte de una inspectora y al menos cinco personas heridas, entre ellas tres alumnos menores de 15 años.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque ocurrió cerca de las 10:30 horas al interior del establecimiento. El agresor habría apuñalado a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, generando una situación de alta conmoción en la comunidad escolar. Desde el propio liceo informaron que “una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas”, mientras que los demás afectados fueron trasladados a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital.

Lo ocurrido marca un precedente inédito en el país y obliga a mirar con mayor profundidad un fenómeno que expertos vienen advirtiendo hace años: el aumento sostenido de la violencia escolar y su vínculo con el deterioro de la salud mental en niños, niñas y adolescentes.

Un fenómeno en alza

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha señalado que existe un incremento sostenido en los episodios de violencia escolar en Chile. Las denuncias por convivencia escolar crecieron un 38% entre 2019 y 2023, y un 25% adicional entre el primer trimestre de 2024 y 2025. Dentro de estos casos, el maltrato entre estudiantes concentra la mayor proporción.

Este aumento no es aislado. Se da en un contexto marcado por el impacto de la pandemia en el bienestar emocional de los jóvenes. Quesille señala que un estudio realizado en 2023 detectó que el 52,9% de estudiantes de educación media en la zona norte de Santiago cumple criterios para uno o más problemas de salud mental. En detalle, un 35,2% presenta síntomas de depresión, un 25,9% ansiedad generalizada y un 28,2% consumo problemático de sustancias.

Según Quesille, la crisis sanitaria del Covid-19 profundizó brechas preexistentes, afectando de manera significativa los derechos y el desarrollo integral de niños y adolescentes. En ese escenario, la violencia escolar aparece como una manifestación de problemas más estructurales.

Una falla sistémica

Para el académico e investigador en educación Juan Pablo Catalán, lo ocurrido en Calama no puede entenderse como un hecho aislado. “Es la expresión más extrema de un deterioro progresivo de la convivencia escolar que el sistema ha venido observando, pero no necesariamente abordando con la profundidad requerida”, afirma.
El experto sostiene que este tipo de episodios suele estar precedido por señales de alerta acumulativas, como aislamiento, conflictividad persistente y desregulación emocional, que no logran ser contenidas a tiempo. En ese sentido, advierte que el problema no es puntual, sino estructural.
“Estamos frente a una falla sistémica: cuando el Estado no logra articular políticas preventivas eficaces, las escuelas quedan tensionadas y las familias, muchas veces, sin el acompañamiento necesario”, explica.

Catalán también enfatiza que la violencia escolar debe analizarse considerando tres dimensiones clave: salud mental, entorno familiar y convivencia escolar. Estas no operan de forma aislada, sino interconectadas, lo que complejiza la capacidad de respuesta del sistema educativo.

Señales que no se detectan

Una de las principales interrogantes que surgen tras el ataque es si los establecimientos educacionales están preparados para identificar conductas de riesgo. La respuesta, según los expertos, es negativa. Catalán sostiene que, si bien existen marcos normativos y protocolos, la capacidad real de detección temprana es desigual. “Persisten limitaciones estructurales evidentes: escasez de equipos psicosociales, sobrecarga docente y una formación aún insuficiente en prevención”, indica.

En la misma línea, la Dra. Carmen Zúñiga, jefa de Liderazgo Estudiantil y Participación de CELITED y académica de la Facultad de Educación UC, advierte que en el caso de Calama existieron señales previas que no fueron abordadas a tiempo. Las señales de alerta, según los especialistas, incluyen cambios abruptos de comportamiento, aislamiento, expresiones de violencia o ideación suicida, acceso a armas y publicaciones amenazantes en plataformas digitales. Sin embargo, muchos establecimientos no cuentan con protocolos claros ni equipos capacitados para actuar frente a estos indicios.

El rol de la salud mental

El componente de salud mental aparece como un factor central. Zúñiga explica que muchos jóvenes enfrentan crisis severas sin acceso oportuno a apoyo psicológico, lo que puede derivar en conductas extremas. A esto se suma una situación crítica entre los propios docentes. Datos del Índice Nacional de Bienestar Docente 2025 revelan que más del 67% reporta problemas de salud. Esta realidad impacta directamente en la capacidad de contención dentro del aula. “Si los adultos que están en la escuela están agotados, ¿cómo van a detectar y contener a estudiantes en crisis?”, plantea la académica.