• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Esta vez, la Plaza de Armas de Melipilla fue escenario de una riña entre adolescentes ocurrida en plena luz del día y un joven de 17 años fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Melipilla, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de múltiples heridas cortopunzantes.

Según la información disponible, las autoridades detuvieron a dos menores de 15 y 17 años, ambos estudiantes de un liceo local. La alcaldesa Paula Gárate confirmó que “efectivamente, dos de ellos son alumnos de un liceo municipal. La directora de Educación ya está abordando la situación”.

Durante el altercado, funcionarios de seguridad municipal también resultaron heridos, “nuestro personal fue agredido mientras intentaba intervenir. Les costó mucho separarlos, pero lograron prestar primeros auxilios y dar aviso a Carabineros y al hospital”, añadió Gárate.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes informaron el hallazgo de un arma en el lugar.

Este nuevo hecho evidencia el recrudecimiento de la violencia entre jóvenes y la falta de políticas preventivas eficaces. Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, afirma que la violencia juvenil se intensificó tras el estallido social y la pandemia. “No solo ha aumentado la participación de menores en delitos, sino también en episodios violentos fuera del ámbito criminal, como en colegios y espacios públicos”, sostiene.

Cifras de la Fiscalía Nacional confirman esta tendencia: entre 2023 y 2024, los imputados menores de edad aumentaron en un 9,8%. Solo en 2024 se registraron 40.069 jóvenes imputados entre 14 y 17 años, cifra comparable solo con la de hace una década.

Para Estrella, las causas son múltiples: el aumento del delito común, la expansión del crimen organizado y la normalización social de la violencia. “Muchos jóvenes hoy aprenden códigos de violencia en bandas delictuales y los reproducen en sus colegios. Además, la autoridad parental se ha debilitado y se ha relativizado el discurso en torno a la violencia”, explica.

Agustín Soto, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, coincide y señala que “esto no es un caso aislado. Basta recordar el uso de bombas molotov en liceos como el INBA o el Instituto Nacional, y las múltiples riñas escolares, algunas incluso con participación de apoderados, como ocurrió en el Liceo Municipal de San Pedro de Melipilla”.

Según consigna La Tercera con datos de la cuenta pública de las fiscalías de la Región Metropolitana, en 2024 se registró un aumento del 4% en hechos de violencia juvenil en comparación con el año anterior.

Soto subraya que muchos jóvenes hoy viven o presencian violencia en espacios que debieran protegerlos, como sus hogares o escuelas. “A esto se suma la presencia de drogas, la penetración del crimen organizado en los barrios y el aumento de la violencia en los delitos”, sostiene.

Mauricio Carreño, académico de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, añade que la pandemia también dejó secuelas: “Estamos viendo efectos asociados al abandono estatal, al desamparo y a la precarización de la vida. Todo ello tiene un impacto directo en las dinámicas de violencia, no solo entre jóvenes”.

¿Es momento de medidas más drásticas?

Estrella concluye que la clave está en la prevención. Para él es urgente recuperar la asistencia escolar y garantizar espacios educativos seguros, donde los adolescentes encuentren referentes positivos y estructuras de apoyo.

Giannina Mondino, directora de la unidad de protección y representación judicial de la Defensoría de la Niñez, señala que la situación de violencia hacia la niñez y adolescencia en todos sus ámbitos ha aumentado, al igual que la violencia entre pares o de niños, niñas y adolescentes bidireccionalmente hacia la comunidad educativa o desde el profesorado hacia los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, las medidas a implementar deben responder a la urgencia, pero también se deben considerar aspectos de fondo, que tiene relación con “cómo nos estamos relacionando como sociedad, cómo se están activando los procedimientos, de qué manera se están instalando el relacionamiento entre pares, la forma de solucionar los conflictos entre los niños, niñas y adolescentes y las garantías de determinados derechos. Más que en medidas reactivas o efectistas, la conversación debería enfocarse más bien en las situaciones de fondo de violencia”.

Agrega que lo primero que debería hacerse, es evaluar y monitorear los instrumentos actuales que se están aplicando, por ejemplo, el programa Comunidades protegidas. A partir de ello, “pueden tomarse mejores decisiones, basadas en evidencia, de las intervenciones que deben hacerse”.