• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Una seguidilla de episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales de comunas como Calama, Valparaíso, Curicó, Angol y Ñuñoa reactivó la preocupación por la seguridad al interior de los colegios, especialmente ante la presencia de armas blancas y de fuego en manos de estudiantes. Los hechos, ocurridos en distintos puntos del país durante los últimos días, han llevado a autoridades locales a evaluar medidas como detectores de metales, revisión de mochilas y botones de pánico.

Por ejemplo, en Curicó un estudiante fue sorprendido portando un arma de fuego en el Liceo Polivalente Japón, mientras que en otros casos recientes se han reportado agresiones con armas cortopunzantes en distintos establecimientos del país. Este conjunto de situaciones ha generado inquietud en las comunidades educativas y ha instalado la discusión sobre si se trata de hechos aislados o de una tendencia en crecimiento.

Un fenómeno en aumento

Las cifras oficiales apuntan a que la violencia escolar ha ido en aumento en los últimos años. Según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por convivencia escolar crecieron un 38% entre 2019 y 2023, y un 25% adicional entre el primer trimestre de 2024 y 2025. Dentro de estos casos, el maltrato entre estudiantes concentra la mayor proporción.

A esto se suma el incremento en hechos de mayor gravedad. Durante 2025 se registraron 125 denuncias por agresiones de estudiantes contra docentes, la cifra más alta desde 2017 y un aumento de 39,39% en comparación con 2024. Además, se reportaron 121 denuncias por agresiones de apoderados contra funcionarios y un alza en los conflictos entre el propio personal educativo. El fenómeno también tiene una dimensión territorial amplia: 15 de las 16 regiones del país reportaron casos de este tipo de violencia, con la Región Metropolitana concentrando la mayor cantidad.

Desde una mirada experta, Juan Pablo Catalán, académico e investigador en educación de la Universidad Andrés Bello, advierte que “sostener que se trata de hechos aislados sería una forma sutil de negar la realidad”. A su juicio, lo que ocurre en distintas comunas responde a un deterioro progresivo del clima educativo, evidenciado en el aumento sostenido de denuncias.

No obstante, el especialista plantea que comparar directamente la situación chilena con la de Estados Unidos puede ser una simplificación. “Los contextos son distintos, pero las trayectorias de escalamiento comparten un patrón común: Cuando la violencia no se aborda a tiempo, se normaliza (…) La evidencia internacional advierte que el debilitamiento del sentido de pertenencia y del bienestar escolar puede abrir la puerta a formas más complejas de violencia”, señala.

El rol de las armas y la percepción de riesgo

La presencia de armas en los colegios marca un punto crítico dentro de esta problemática. Aunque no todos los episodios implican su uso, su sola aparición incrementa la sensación de inseguridad y eleva el riesgo de consecuencias graves. La tragedia ocurrida en Calama marcó un precedente que intensificó la preocupación pública y política en torno a este fenómeno. Si bien se trata de un caso extremo, su impacto ha influido en la percepción de riesgo dentro de las comunidades educativas.

En este contexto, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, señala que “la Superintendencia de Educación observa con atención las situaciones de violencia que se han registrado en distintos establecimientos del país”. Agrega que, si bien las medidas de seguridad específicas corresponden a otros organismos, el foco institucional está en resguardar los derechos de estudiantes y comunidades.

Adriazola enfatiza que “creemos que el abordaje de estos problemas debe ser integral: Junto con las acciones de seguridad que puedan implementar otras instituciones, es fundamental fortalecer la convivencia escolar, el acompañamiento socioemocional y la participación de las comunidades educativas”.

¿Qué tan efectivas son las medidas de control?

Ante el aumento de estos episodios, distintas municipalidades han impulsado medidas visibles de seguridad, como detectores de metales o sistemas de alerta. Sin embargo, su efectividad es objeto de debate entre especialistas. Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020, sostiene que estas medidas “son parcialmente efectivas pero no van al fondo del asunto”. A su juicio, el problema tiene un trasfondo más profundo vinculado a la salud mental adolescente, donde “más de un tercio de ellos presenta síntomas severos de depresión, ansiedad o violencia”.

El experto advierte que, si bien no se proyecta que Chile alcance niveles como los de Estados Unidos, la falta de intervención en este ámbito podría perpetuar estos episodios. “Si no se aborda seriamente esta crisis de salud mental, seguiremos viendo estos episodios”, afirma.

En la misma línea, Catalán señala que los detectores de metales y botones de pánico pueden ser útiles para gestionar riesgos inmediatos, pero no resuelven las causas estructurales. “Pueden convertirse en una ilusión de control si se les atribuye un alcance que no tienen”, advierte.

Riesgos de sobrecontrol y estigmatización

El avance de medidas de seguridad también abre un debate sobre sus posibles efectos secundarios. La instalación de dispositivos de control en espacios educativos puede generar tensiones respecto al equilibrio entre protección y confianza. Soledad Garcés, experta en convivencia escolar y académica de la Universidad de los Andes, advierte que “estas medidas ayudan pero no resuelven el problema de fondo”. A su juicio, los estudiantes que logran regular su conducta suelen desarrollarse en entornos familiares y escolares percibidos como seguros.

Asimismo, señala que existe un riesgo de estigmatización, especialmente en comunidades más vulnerables, donde el aumento de controles puede reforzar percepciones negativas. “Muchas familias dejan de mandar a sus hijos a clases por temor a la violencia o buscan cambiar a sus hijos a colegios que no tengan mala reputación en este aspecto”, explica.

Desde Acción Educar, Constanza Lara también plantea que se trata de un fenómeno multidimensional que no puede abordarse con una única estrategia. En ese sentido, considera que las medidas de seguridad pueden ser necesarias en contextos específicos, pero deben adaptarse a la realidad de cada comunidad educativa.