• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El anuncio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de impulsar proyectos de vivienda social en comunas de altos ingresos vuelve a tensionar uno de los nudos más persistentes del desarrollo urbano en Chile: la segregación territorial. La iniciativa, que considera la construcción de al menos 400 viviendas en sectores como Las Condes, La Reina y Lo Barnechea, busca avanzar en integración urbana en zonas históricamente reservadas para segmentos de mayores ingresos.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, detalló que el plan forma parte de una meta más amplia de 400 mil soluciones habitacionales y que algunos proyectos estarán ubicados en áreas estratégicas del sector oriente de Santiago, como las cercanías del Parque Arauco y el entorno del Colegio Nido de Águilas. La apuesta no solo apunta a aumentar la oferta de viviendas, sino también a modificar el patrón de distribución de la ciudad.

Sin embargo, el impacto real de esta medida en la reducción del déficit habitacional aparece como limitado en términos cuantitativos. Según el noveno reporte Déficit Cero 2025, las principales ciudades del país concentran cerca del 70% del déficit y registran un avance de apenas 71%, lo que refleja las dificultades de implementación en zonas con mayor presión habitacional.

En esa línea, el académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, Carlos Aguirre, advierte que “el impacto en términos cuantitativos es acotado. Hoy el déficit habitacional en Chile bordea las 400 mil viviendas, por lo que construir 500 unidades representa una fracción muy menor del total”. No obstante, matiza que el valor de la iniciativa radica en su localización: “Este tipo de proyectos introduce una señal potente respecto a la localización de la vivienda social: acercarla a zonas con mejor acceso a empleo, servicios y equipamiento urbano”.

Desde una perspectiva similar, Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y director del Núcleo Milenio NUVIV sobre Desafíos de la Vivienda, es aún más categórico respecto al alcance de la medida. El alcance real será “muy poco. Porque son 500 viviendas y el déficit es de aproximadamente de 500 mil, es más bien una intervención simbólica”, sostiene. Aun así, reconoce que, frente a la magnitud del problema, este tipo de iniciativas resulta preferible a la inacción y puede generar efectos indirectos relevantes, como abrir discusión pública y tensionar las lógicas de exclusión territorial.

La discusión, por tanto, se desplaza desde el volumen de soluciones hacia el tipo de ciudad que se busca construir. Para Julio Nazar, académico de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, el foco no debe estar únicamente en cuántas viviendas faltan, sino en dónde se emplazan. A su juicio, este tipo de proyectos “no cambia significativamente la aguja en términos de cantidad, pero sí golpea el corazón del problema, que es la segregación urbana”. En ese sentido, destaca que el impacto más relevante radica en cuestionar la lógica histórica de expulsar a los sectores vulnerables hacia otras comunas.

No obstante, Nazar también advierte que este tipo de anuncios corre el riesgo de quedarse en el plano simbólico si no se traducen en transformaciones más profundas. “Las transformaciones urbanas importantes suelen partir como gestos que incomodan, pero el riesgo está en que esto quede solo en una señal aislada”, plantea. Para evitarlo, insiste en la necesidad de establecer reglas permanentes, como exigir cuotas de integración en proyectos inmobiliarios, una práctica conocida en otros países como inclusión obligatoria.

Resistencia y tensiones locales

Uno de los principales desafíos de esta política se vincula con la reacción de las comunidades locales. La experiencia previa en proyectos similares anticipa un escenario de tensiones. Ruiz-Tagle explica que ya han surgido posturas que buscan restringir el acceso a estas viviendas únicamente a personas de la misma comuna, lo que en la práctica funciona como una barrera de exclusión.

“Cuando se plantea que las viviendas sean solo para residentes de la comuna, el mensaje de fondo es que no quieren que llegue gente de afuera”, sostiene el académico. Esto ocurre en un contexto donde miles de personas se trasladan diariamente desde otras comunas hacia el sector oriente por motivos laborales, lo que refuerza la contradicción entre uso cotidiano del territorio y acceso a residencia.

A ello se suma el factor económico. El alto valor del suelo en estas comunas representa una de las principales barreras para la expansión de este tipo de proyectos. Ruiz-Tagle advierte que, incluso si se logra construir, existe el riesgo de que las viviendas sean rápidamente absorbidas por el mercado, ya sea mediante arriendo o venta, perdiendo su función social. Frente a esto, propone explorar modelos de arriendo protegido que permitan mantener el objetivo de integración en el tiempo.

Desde otra vereda, Aguirre subraya que el éxito de estos proyectos no depende solo de su construcción, sino también de su inserción urbana. “El principal desafío está en la integración social en territorios con alta presión inmobiliaria, donde el valor del suelo actúa como barrera de entrada”, explica. En ese sentido, advierte que las reacciones pueden variar entre aceptación y resistencia, dependiendo de cómo se diseñe e implemente cada proyecto.