• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Los últimos años en Chile han estado marcados por una importante crisis de seguridad. Homicidios, secuestros, robos violentos, encerronas y una larga lista de delitos son frecuentes en el país, y las medidas aún no han logrado paliar la situación. De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional correspondiente al período de enero a marzo de este año, a la institución ingresaron 460.513 delitos; de estos, 305.155 tienen un imputado desconocido. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se evidencia una diferencia: para ese momento ingresaron 387.412 delitos, de los cuales 228.861 eran con imputado desconocido.

En cuanto a la distribución de los ilícitos ingresados por categoría, aquellos considerados de mayor connotación social, como los homicidios, presentaron una leve disminución. En los primeros tres meses de este año ingresaron a la fiscalía 916 casos, mientras que en 2024 la cifra fue ligeramente superior, con 941.

En el caso de los robos violentos, durante enero, febrero y marzo de este año se registraron 27.728 delitos, mientras que en el mismo período de 2024 la cifra fue de 28.811. Los hechos calificados como “de relevancia criminal” sumaron 37.910 en 2024 y alcanzan una cifra similar en 2025, con 37.133.

En los delitos económicos y tributarios sí se evidenció un cambio significativo: en el mismo período de 2024 se registraron 30.514, mientras que en los primeros meses de 2025 la cifra aumentó a 40.351 delitos ingresados a la Fiscalía Nacional.

La mirada de los expertos

Germán Klug, fiscal (s) de Casablanca en la Región de Valparaíso, perteneciente a la unidad de delitos de alta complejidad, explica que los homicidios son siempre delitos complejos debido a su connotación social y a la afectación del bien jurídico más relevante del sistema penal que es la vida.

Klug destaca que su investigación suele ser difícil, ya que muchas veces se cometen en lugares aislados y sin testigos. Señala que la Fiscalía, principalmente a través de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), trabaja intensamente para reducir el porcentaje de homicidios con imputado desconocido, lo que considera un foco de atención clave.

Según el fiscal, el informe trimestral muestra que la mayoría de los homicidios cuenta con un imputado identificado, pero insiste en que es necesario mantener los esfuerzos para seguir incrementando ese porcentaje.

En lo que va del año, 499 casos (54,48%) de homicidio tienen un imputado conocido, mientras que los 417 restantes (45,52%) no lo tienen. Esta tendencia es similar a la del año pasado, cuando el 57,92% de los imputados eran conocidos y el 42,08% eran desconocidos.

Por su parte, Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, advierte que la próxima administración enfrentará grandes desafíos en materia de seguridad. A su juicio, deberán profundizar en lo ya hecho para lograr resultados en el corto plazo, siendo la violencia y el crimen organizado los temas prioritarios.

Greene sostiene que, con el tiempo, la morfología de los delitos ha cambiado, y que las autoridades deben encontrar formas de reducir el temor de la ciudadanía y controlar los delitos que ya están instalados en el país.

La investigadora insiste en que para abordar este tipo de criminalidad es fundamental incorporar inteligencia en el trabajo policial. En su opinión, “resulta urgente reactivar la Ley de Inteligencia, estancada en el Congreso hace algunos años, reestructurar la Agencia Nacional de Inteligencia y sumar profesionales capacitados para asumir un rol relevante y articular una coordinación interinstitucional eficaz”.

Agrega que esto debe ser una prioridad, dado que las autoridades deben avanzar con presupuestos ya asignados y con el compromiso de todas las instituciones para contribuir a este objetivo común.

Finalmente, subraya que el sistema carcelario es otra temática clave en materia de seguridad, y plantea que se requiere una gran reforma penitenciaria que impida perpetuar el círculo de la violencia. Explica que es esencial asegurar que una vez que la persona ingresa a un recinto penitenciario, no pueda seguir operando desde el interior hacia las calles.