Intentan legalizar el robo de coronas y ataúdes: Extraña y llamativa medida
Guía de: Patagonia
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Vista del cementerio de Río Gallegos. Atrás se eleva la silueta del mausoleo del ex presidente Kirschner, contrastando entre las humildes tumbas.
Según OPI Santa Cruz, medio habitualmente bien informado, ante la sucesión de robos de coronas fúnebres y ataúdes del cementerio de Río Gallegos, la intendencia decidió legalizar el delito nombrando a los ladrones como “recicladores oficiales”. De acuerdo a las declaraciones de empleados municipales, se sabe desde hace tiempo que las coronas de flores dejadas por los dolientes familiares sobre las tumbas, son rápidamente desarmadas y vendidas a las florerías locales que vuelven a reutilizarlas.
Una pelea sindical
Si bien lo mencionado forma parte del folclore urbano, ya que no se presentan pruebas de los delitos, el hecho emergió a la consideración pública debido a una pelea sindical. Un conflicto ocasionó que el horno pirolítico donde se realizan las cremaciones quedara sin funcionar. Al correr de los días se acumularon más de una veintena de ataúdes con los cuerpos para ser cremados y algunos empleados hicieron público el horrible suceso mediante fotos en las redes sociales. Es sabido que una vez que se difunde algo en las redes sociales se pierde el control de la publicación.
Es así que un familiar de un reciente deceso, viendo el degradante espectáculo de ataúdes apilados, denunció que su familiar había sido cremado sin el cajón. Nunca supo qué había pasado con el ataúd que había costado 42 mil pesos (algo más de 2.300 dólares). Terció, entonces, un empleado municipal que detalló la modalidad del “oscuro negocio de la muerte”.
Un creciente escándalo
El escándalo creció y se sucedieron las denuncias de nichos abiertos, de negocios espúrios con los restos humanos, cotizaciones por mejor ubicación dentro del cementerio, robos y hurtos varios. Fue entonces que al equipo que gobierna la intendencia, para frenar el delito, se le ocurrió que las coronas fúnebres puedan ser recicladas, pero con autorización de los deudos. Una manera de “blanquear” el delito de hurto, nombrando ahora a los ladrones como “recicladores oficiales”.
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