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Nueva institucionalidad ambiental: Principales modificaciones

En términos generales, la reforma buscó modernizar el modelo existente y dotar a los órganos de competencias más técnicas dejando de lado (en la medida de lo posible), las decisiones de carácter político. En este artículo delineamos apectos clave para entender los cambios.

Con los casos ambientales que han sido titulares de noticia (como la central hidroeléctrica de embalse Hidroaysen y los proyectos termoeléctricos de Barrancones, Castilla o Campiche, entre otros), la institucionalidad ambiental chilena, quizás como nunca antes en nuestra historia, ha estado en el debate público. Esta coyuntura se hace todavía más relevante en un período en que justamente una nueva regulación ambiental está entrando en vigencia.

Campiche

Foto: José Alvújar, El Mercurio

Debido a proyectos como la termoeléctrica Campiche, la institucionalidad ambiental chilena ha estado en el centro del debate.

Esta columna pretende explicar en breves palabras como funciona la actual institucionalidad ambiental y cuáles son sus principales reformas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.417, que modificó la Ley de Bases Generales del Medioambiente, han cambiado de forma importante las competencias de las instituciones medio ambientales. En términos generales,  la reforma buscó modernizar el modelo existente y dotar a los órganos de competencias más técnicas dejando de lado (en la medida de lo posible), las decisiones de carácter político. Además, la nueva institucionalidad ha tenido entre sus principales objetivos el dotar a la ciudadanía de herramientas concretas en términos de participación y ajustarse a los estándares ambientales internacionales, asegurando una adecuada protección del medio ambiente. Todo lo anterior, siempre bajo el supuesto de mantener las reglas del juego claras en materia de inversión.

Nace el Ministerio del Medioambiente

El primer gran cambio proviene de la supresión de la Comisión Nacional del Medioambiente o Conama, órgano encargado de la política ambiental nacional en términos generales y las Comisiones Regionales del Medioambiente o Coremas, entidades encargadas de la votación de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o SEIA. Dichos órganos han sido reemplazados por un Ministerio del Medioambiente, que tiene a su cargo las políticas medioambientales de Chile, y por los Servicios de Evaluación Ambiental y sus Comisiones Evaluadoras, encargados de la evaluación de los proyectos sometidos al SEIA.

El segundo hito es la creación de una Superintendencia del Medioambiente (cuyas facultades fiscalizadoras están supeditadas a la creación de los Tribunales Ambientales), que busca cambiar de manera importante la forma en que se fiscalizaba el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile y, en especial, las sanciones aplicables.

Antes de la creación de la Superintendecia, las multas en dinero que podían imponerse por no cumplir con las autorizaciones otorgadas en materia ambiental eran de hasta 500 UTM, es decir $18.8000.000 aprox. Las multas nuevas van hasta las 10.000 UTA, es decir, $4.512.600.000, más la revocación de las autorizaciones otorgadas, entre otras sanciones.

Continuando en el ámbito de la fiscalización ambiental, se crearán también los Tribunales Ambientales (proyecto de ley en etapa de aprobación por parte del Congreso) Los Tribunales serán los encargados de revisar las demandas por daño ambiental, que actualmente son conocidas por los tribunales civiles ordinarios, y las reclamaciones en contra de decretos que establezcan normas de calidad, emisión y planes de prevención y descontaminación, entre otras materias.

Medio Ambiente

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

María Ignacia Benítez, es la ministra del Medioambiente.

Una de las grandes falencias de la justicia civil en materia ambiental ha sido la falta de capacidad técnica especializada en materias específicas, como el medio ambiente. Dado lo anterior, los nuevos Tribunales serán órganos colegiados que estarán conformados por dos abogados destacados en la actividad académica o profesional especializada en temas ambientales y/o administrativos, y un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales.

El último organismo ha ser incorporado por la reforma y respecto del cual creo importante hacer referencia por su carácter novedoso y porque cada vez se hace más indispensable, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (cuyo proyecto de Reglamento está en preparación por parte del Ministerio del Medioambiente). Como lo han revelado los mismos casos señalados al comienzo de esta columna, en Chile no existe un criterio único y/o claro para determinar cuándo, cómo, dónde y qué tipo de proyectos pueden desarrollarse en este tipo de áreas. De ahí la importancia de este servicio, el que tendrá como objetivos coordinar y reestructurar la regulación en torno a las áreas protegidas en Chile.

La reforma está recién comenzando su camino y, por lo anterior, es de esperar que surjan dudas y se cometan errores. No obstante, creemos que ha sido un gran paso adelante en materia de regulación ambiental. Mientras tanto, habrá que tener un poco de paciencia y colaborar con este enorme proyecto, ya sea como parte o ya sea como ciudadano informado.

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