El gobierno argentino implementa una de las primeras medidas anunciadas; la reducción de la planta de empleados estatales.  Mediante el Decreto 84/2023 publicado el pasado martes, se oficializó la baja de los siete mil empleados que ingresaron durante 2023. Los sindicatos se declararon en estado de alerta y movilización.

Además de hacer cumplir el fin de los contratos de dichos siete mil empleados, se ordenó realizar “un relevamiento exhaustivo” de todos los empleados estatales que se desempeñan bajo contrato, unos 65 mil empleados, a fin de determinar su situación, labor específica y dedicación a la tarea. Por lo que se descuenta que en unos meses se incrementará la cantidad de despidos.

En efecto, el artículo 1° del Decreto 84/2023 establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”. Incluye a los empleados transitorios y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos.

Fragmento del Decreto 84/2023

El decreto señala, además, que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar “un relevamiento exhaustivo” de los empleados “cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar” su continuidad.

El mismo día, martes, se firmó y publicó el Decreto 77/2023, mediante el cual se prorroga la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado.  Debe ser mencionado que entre las iniciativas que se tratarán en las sesiones legislativas extraordinarias convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, el Gobierno pretende sancionar el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos e incluso, cabría la posibilidad de reducir el salario de los cargos de alta jerarquía.

El sindicato denuncia a Milei ante la Justicia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió la medida. Además, anunció para hoy miércoles una movilización en todo el país. Pretenden que otros sindicatos se sumen a un posible paro general en las próximas semanas. También denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por supuestamente cometer varios delitos, entre ellos, abuso y usurpación de autoridad.

Dejar a miles de familias sin trabajo a partir del primer día de enero “es una agresión de una magnitud como no teníamos registro en el Estado en los últimos 40 años de democracia”, expresó el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. Completó el cuadro de situación: “En total existen a nivel nacional unos 210 mil trabajadores estatales, de los cuales 72 mil no tienen estabilidad. Si a esos 72 mil, se les restan los 7 mil que quedarían desempleados luego de este decreto, son unos 65 mil que tendrán que empezar a firmar contratos cada 3 meses, pero con la revisión de sus superiores”.

Debe precisarse que todos los contratos que finalizan, siete mil, y los 65 mil restantes, son cargos ocupados por militantes o simpatizantes de la administración anterior. No ingresaron a la función pública por una necesidad manifiesta de la tarea, sino por reconocimiento a su labor militante.