A pocos días de finalizar octubre, el mes dedicado a promover el autocuidado en relación al cáncer de mama, las calles de Sevilla se llenaron de mujeres protestando. ¿La razón? Un grave error en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que había tenido  recortes presupuestarios,  afectó a cerca de 2.000 mujeres de la región de Andalucía, y habría retrasado diagnósticos cruciales, permitiendo incluso que algunas desarrollaran la enfermedad.

Lo ocurrido fue lo siguiente: los servicios de salud de Andalucía no informaron a tiempo los resultados dudosos de miles de mamografías que requerían seguimiento. Esta falla provocó retrasos en diagnósticos y tratamientos, generando angustia y, potencialmente, pérdidas de vidas.

En algunos casos, las pacientes recibieron el diagnóstico de cáncer un año después de la mamografía. Otras muchas viven hoy la incertidumbre de no saber si, tras aquella revisión aparentemente normal, recibirán una llamada con noticias devastadoras.

Un reportaje de Cadena SER destapó el escándalo: desde abril de 2021, alrededor de 2.000 mujeres —principalmente del Hospital Virgen del Rocío— no fueron notificadas de que sus mamografías presentaban lesiones sospechosas que requerían control. Aunque la mayoría eran probablemente benignas, el retraso generó un profundo temor entre las afectadas.

La causa del fallo se atribuyó a un problema informático y de gestión en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que dejó sin seguimiento los informes con hallazgos anómalos. El programa de detección precoz, destinado justamente a identificar el cáncer en etapas tempranas, terminó provocando el efecto contrario: avisos con hasta un año de retraso.

Tras conocerse el error, la Junta de Andalucía anunció un plan de choque con una inversión de 12 millones de euros para reducir los plazos de revisión y contactar a todas las mujeres afectadas, citándolas a nuevas pruebas diagnósticas.

Aunque la Consejería de Salud reconoció el fallo, la indignación ciudadana no se hizo esperar. La oposición en el Parlamento andaluz exigió la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, algo que fue descartado por el presidente Juanma Moreno, quien pidió disculpas públicas y aseguró que se está trabajando para corregir el problema.

El Defensor del Paciente denunció al SAS ante la Fiscalía por posible dejación de funciones, señalando que los retrasos pudieron agravar cuadros oncológicos y afectar la calidad de vida de las pacientes. Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) anunció más de 150 demandas individuales contra la Junta de Andalucía, y no descarta una acción colectiva.

El error, más allá de lo técnico, expone una herida profunda: el derecho de las mujeres a una atención médica oportuna y confiable, que no puede depender del azar ni de un fallo del sistema.