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Tribunales Ambientales, principales desafíos

Los Tribunales Ambientales han sido concebidos como órganos especializados en la resolución de conflictos ambientales, que vienen a suplir la falta de un órgano de este tipo en el sistema judicial chileno.

Una de las mayores novedades de la nueva institucionalidad ambiental será la creación de los Tribunales Ambientales. Este proyecto nació en el contexto de un Protocolo de Acuerdo firmado entre diversos sectores políticos y luego de largas negociaciones entre el Ejecutivo y parlamentarios. En noviembre de 2009 el Proyecto de Ley (boletín N° 6747-12) ingresó a tramitación parlamentaria con carácter de urgente y, a la fecha, se encuentra en su etapa final, listo para ser despachado para su promulgación y posterior publicación.

La creación de los Tribunales Ambientales se proyecta como un contrapeso a las amplias facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la nueva Superintendencia del Medioambiente (“SMA”). Por lo anterior, del nacimiento de los Tribunales Ambientales depende la cabal puesta en marcha de las atribuciones fiscalizadoras consagradas a la SMA.

Tribunales ambientales

Foto: El Mercurio

Uno de los objetivos de la creación de los Tribunales Ambientales es tener organismos especializados para resolver estos problemas.

Además, los Tribunales Ambientales han sido concebidos como órganos especializados en la resolución de conflictos ambientales, que vienen a suplir la falta de un órgano de este tipo en el sistema judicial chileno. De hecho, hoy en día los tribunales ordinarios civiles son quienes conocen las demandas por daño ambiental, careciendo en muchas ocasiones de los conocimientos especializados para resolver adecuadamente las materias de que conocen.

Los Tribunales Ambientales serán órganos jurisdiccionales especiales, bajo la  superintendencia de la Corte Suprema. Su función genérica será la de resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales establecidas en la ley. Dichos tribunales serán tres a lo largo del país y estarán ubicados en Antofagasta, Santiago y Valdivia, cuyas entradas en vigencia se fijan de manera progresiva en un plazo de 6, 12 y 18 meses desde que se publique la Ley (no obstante, debe tenerse presente que estos plazos pueden variar ya que las últimas indicaciones al Proyecto buscaban acortar los plazos a 12 meses).

En el proyecto original se contemplaba un solo tribunal, pero posteriormente se indicó, en forma acertada creemos, que había que descentralizar estas atribuciones a lo largo del país. Los Tribunales Ambientales van a tener una composición mixta de dos abogados y un científico, todos quienes deben acreditar una especialidad en temas ambientales. Dentro de las diversas competencias con las que van a contar estos órganos destacan la revisión de demandas ambientales de reparación de daños ambientales y el conocer las reclamaciones en contra de las resoluciones que dicte la SMA que, como mencionamos, tiene amplias atribuciones en materia de fiscalización y multas.

Un aspecto novedoso es la incorporación de la figura del Amicus Curiae, que establece que cualquier persona, con cierta idoneidad, podrá presentar sus opiniones por escrito cuando haya casos de interés público sometidos al conocimiento de estos tribunales.

Dudas y críticas

Como en toda etapa de implementación de nuevos procesos en materia legal, han surgido dudas y críticas. Por ejemplo, la Corte Suprema ha señalado que por sus características, los Tribunales Ambientales no forman parte del Poder Judicial y, por lo tanto, el proyecto de ley “dota a estos tribunales de una autonomía que produce como resultado último únicamente un debilitamiento de la judicatura” al dividirse y repartirse las competencias judiciales entre diversos órganos de distintas naturalezas.

Además, se ha cuestionado que no exista un Tribunal Ambiental por región, lo que limitaría el acceso al proceso contencioso ambiental, especialmente respecto de aquellos lugares más alejados.

Otra de las grandes críticas es que las sentencias definitivas dictadas por estos tribunales serán susceptibles de ser apeladas ante la Corte Suprema. Esto puede traducirse en que un juicio por daño ambiental se prolongue por sobre un plazo prudente, lo que es doblemente perjudicial si consideramos que, en muchas ocasiones, mientras más tiempo transcurre los daños ambientales se hacen más difíciles de reparar.

Por otro lado, la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema atenta, en parte, contra el principio de especialización de que se quiere dotar a la nueva justicia ambiental.

El proyecto que crea los Tribunales Ambientales puede tener falencias que podrán irse adaptando y ajustando a lo largo del tiempo. No obstante, hay que tomarlo como un desafío para crecer en materia ambiental y especializar la resolución de los conflictos. Por otro lado, la ampliación de la participación dentro del conflicto ambiental -a través del Amicus Curiae, entre otras figuras- torna más participativos los procesos ambientales, entregando a la ciudadanía herramientas para que forme parte del modelamiento del desarrollo ambiental en Chile.

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