• Paula Campos, ex Guía de Adolescencia
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Durante meses trabajó la comisión de familia redactando un informe sobre la actual realidad del Servicio Nacional de Menores (Sename). La instancia parlamentaria, se reunió en varias oportunidades con las autoridades de la institución, así como con la ministra de justicia y personeros relacionados al mundo de la infancia vulnerada, para esclarecer las cuestionamientos que han puesto al organismo estatal en tela de juicio.

El informe, entregado por la comisión liderada por la parlamentaria UDI María Angélica Cristi, a la Cámara en pleno, fue votado el pasado jueves 28 de noviembre y aprobado de manera unánime, por tanto, se consideró que las conclusiones alcanzadas revelaban la profundidad de la crisis institucional.

Foto: El Mercurio

Casa nacional del Sename.

Cuestionamientos a la gestión pública, que es planteada en un “papel irrenunciable a la institucionalidad destinada a desarrollar, por si misma o mediante prestadores privados, los programas asociados a la protección de los derechos de NNA”., estima como responsable de no aplicar con rigurosidad la tarea de supervisión que le compete sobre todos aquellos prestadores que, tras postular sus proyectos, perciben transferencias del Estado, señala el documento.

Para los diputados, las autoridades no fueron eficaces en el control de todas aquellas instituciones, que por vía concesión, dependen del servicio.

En cuanto a la vulneración de derechos, el texto explica que esta se deriva de varios factores de ocurrencia previa, es decir, se identifican falencias al interior del sistema judicial, tales como la idoneidad de la selección de esos instrumentos y en el seguimiento posterior que los magistrados realizan sobre los programas aplicados a los menores internos.

Poder Legislativo y Judicial fueron responsabilizados desde la perspectiva de causas del problema. La incapacidad de los legisladores para aprobar una ley de protección integral a la infancia, fue sancionada en el documento, al ser esta calificada como “una norma esencial para orientar las políticas públicas, diseñar los programas de intervención y conceder sentido a las estructuras de la orgánica pública”, orienta el documento.

En tanto a las responsabilidades conferidas al poder Judicial, la principal es fallar en el seguimiento de las medidas cautelares.

Recursos

La escasez de recursos con la que se trabaja al interior de la red, que hace que en promedio los sostenedores reciban $120 mil mensuales por niño, reduce las posibilidades de atender a las reales necesidades de los niños y niñas residentes en la red, señalando que: “adolece de graves deficiencias que atentan y ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los mismos y compromete y vulnera sus derechos más fundamentales, siendo el principal el de restituirles su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia, sino en la propia, en una sustituta proporcionada en el menor tiempo posible, evitando prologar su situación de abandono”.

También se sanciona el que en los procesos no se respete el derecho a ser escuchados. Además, sancionando la  nula red de apoyo intersectorial, particularmente en materia de salud, educación y ayuda a las familias de origen (beneficios sociales y asistencia), lo que evidenciaría un abandono de la institución.

Finalmente, se exhorta al Gobierno a proporcionar el presupuesto necesario para desarrollar las políticas públicas que se requieren y avanzar prontamente en el rediseño de la institucionalidad (Sename y sistema de protección a la infancia). Asimismo, se llama al Sename a impulsar las medidas de corrección oportunas para subsanar los problemas detectados en el sistema residencial, puntualiza el documento.