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“¿Qué es más digno, ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas, o en trabajos precarizados como los de Glovo, Uber, etc.? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro, ¿no es eso explotación?”, así fundamentó su fallo el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral, liberando a un acusado de colaborar en prostituir a varias mujeres.

Sirviendo copas y pulseras

De acuerdo a lo informado por el diario Río Negro, de la provincia homónima argentina, el magistrado debió intervenir en un caso donde un hombre estaba acusado de haber prestado colaboración secundaria a otra persona con el fin de prostituir a diez mujeres en el local Anfitrión de Plaza Huincul.

Foto: Diario Río Negro

La fiscalía considero que el imputado servía las copas detrás de la barra, para de esta manera controlar a las mujeres que oficiaban como alternadoras. El mecanismo de control era otorgarles a las señoritas una pulsera por cada copa y “pase” realizado. Debe señalarse que el término “pase” en la jerga de la prostitución se refiere al servicio sexual a cambio de una suma de dinero.

Sin embargo el juez Alejandro Cabral evaluó que si bien en el sitio conocido como “Anfitrión” se realizaba “copeo” (compra de copa de bebida espirituosa a muy alto precio que incluye acompañamiento y charla femenina) eso “no integra de ninguna manera la prostitución”. Además, nunca se acreditó que el imputado se beneficiara económicamente de la explotación sexual de las señoritas, y que ellas afirmaron ejercer de propia voluntad dicha actividad.

En los fundamentos del fallo, expone: “De acuerdo a lo declarado por las presuntas víctimas, dicen que ellas iban al boliche cuando querían, que algunas cumplían un horario, otras no. Algunas dijeron que esa noche del allanamiento fue la única vez que habían ido”. Por lo tanto, era una actividad voluntaria y privada. “Todas las chicas que declararon en el juicio dijeron que sí querían podían ejercer la prostitución y lo hacían afuera del local y cobraban lo que ellas querían”.

Por lo anterior, el juez Alejandro Cabral resolvió liberar al acusado por considerar que no se probó el delito y abogó para que la prostitución sea un trabajo regularizado.

Un planteamiento polémico

Ante la conmoción que produjo el fallo se elevaron voces condenando la actividad de prostituirse. Algo que no deja de resultar llamativo e hipócrita, debido a que en una gran mayoría de poblaciones y ciudades patagónicas existen lugares a la vista de todos que ofrecen ese tipo de servicios desde hace decenas de años.

El juez Alejandro Cabral alentó la polémica al señalar que “las mujeres trabajadoras sexuales son personas mayores de edad que han decidido dedicarse a ese trabajo para solventar su economía familiar y/o personal, a veces de mucha mejor manera que con otro trabajo que es peor pago.”

“Me pregunto -continuó en su fallo- ¿en este juicio estamos juzgando la vulnerabilidad de las personas y la capacidad de auto-determinarse, o el tipo de trabajo que realizan? Da la impresión que estamos juzgando el tipo de trabajo. Nadie cuestiona si uno acepta ser empleada doméstica aunque cobre 20 veces menos que la hora de una trabajadora sexual. Tampoco se cuestiona si la persona consigue un trabajo precario que no está legalmente reconocido, porque se justifica ante la falta de trabajo. En ese caso, la voluntad no se encuentra viciada”. Su planteamiento impactó de manera profunda en la comunidad.

La fiscalía no se rinde

Más allá del impacto de los fundamentos del juez, el fiscal Miguel Palazzani, fundamentó que el hecho ocurrió el 25 de abril de 2013, en el local Anfitrión de Plaza Huincul, y que las mujeres dieron un testimonio diferente al que brindaron el debate. “Este ambiente no es empático con ellas. Es lógico que no cuenten que ejercían la prostitución”, aseguró. Concluyó que “la mayoría de las personas que trabajaban en Anfitrión no terminó la primaria, tenían pocos ingresos, hijos, algunas en situación de migración precaria.”

Las profesionales Verónica Castro, Sonia Henríquez Julieta Acosta, Alba Álvarez y Gabriela Barros, del Servicio Social del hospital de Complejidad Media argumentaron en contra del fallo del juez, cerrando su alegato con una pregunta: “¿Se lo recomendarías como trabajo a tu hija?”.