Acusan a minera del grupo Luksic de depositar escombros en territorio argentino

Según medios argentinos, el sitio del conflicto está ubicado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan.

Guía de: Argentina

Fuente: INFOBAE

Antofagasta Minerals, empresa controlada por el Grupo Luksic de Chile, en conjunto con un consorcio japonés, instaló una escombrera en territorio argentino según detalla el periodista Juan Parrilla en Infobae de Argentina. De acuerdo a su informe, el sitio de deposición de materiales mide 105 hectáreas y unos 70 metros de altura ocupando terrenos de la minera El Pachón, controlada por la suiza Glencore y en territorio argentino. El sitio del conflicto está ubicado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan.

Conflicto de límites

El conflicto de tipo jurídico comercial habría comenzado en 2011. Desde la minera El Pachón afirmaron que su vecina Antofagasta Minerals extendía la superficie de la escombrera muy dentro de sus terrenos y del territorio argentino. Primero presentaron quejas informales ante las cuales no habrían obtenido resultados. En el año 2014 decidieron presentar una demanda civil a la que Antofagasta Minerals respondió negativamente basándose en la autorización obtenida del gobierno chileno, quien a su vez para otorgarla, se basara en mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile que daban por válido que el sitio era territorio chileno. Lo cierto es que los mapas de referencia habían sido publicados a mediados de los años 80, pero un posterior acuerdo limítrofe en 2012 corrigió la línea de frontera, asegura la versión. Con ese antecedente, en 2015, Glencore presentó una denuncia penal por usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a la ley de residuos peligrosos.

En un comunicado oficial del 30 de julio de 2015, la empresa Antofagasta Minerals acepta la circunstancia del cambio de la traza limítrofe realizada años después de que se comenzaran las operaciones y se dispusieran residuos operativos en el lugar y plantea alternativas de solución: “Minera Los Pelambres propondrá el cierre ambiental definitivo e integral de Cerro Amarillo, un depósito de rocas cuyas construcción fue aprobada por las autoridades chilenas en 2004.  Sin embargo, luego de una señalización del límite realizada en 2012 en esa zona de la cordillera, solicitada por la provincia de San Juan, se constató que parte de esta escombrera está ubicada en territorio perteneciente a la empresa suiza Glencore, del lado argentino. A raíz de lo anterior, la transnacional suiza Glencore, dueña de los terrenos en el lado argentino, presentó distintas acciones judiciales en San Juan contra Los Pelambres, pidiendo compensaciones y el retiro de las rocas, entre otras acciones. “La remoción de las rocas no es la mejor alternativa desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y tampoco corresponde a las mejores prácticas de la minería moderna”, expresó Francisco Veloso, Presidente del Directorio de Minera Los Pelambres.

Fuente: INFOBAE

Daño ambiental y riesgo inminente

Un informe de este año presentado por la consultora URS AECOM, a pedido de Glencore, concluyó que “desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan. También se localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró “un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera”. También se notó que “presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera”. Y que en la zona hay “contaminación por nitrato como nutriente limitante”.

Quizás en respuesta a las acciones de Glencore, la Minera Los Pelambres publica un comunicado el 27 de julio de 2015 reafirmando su aceptación de la circunstancia del cambio de la línea demarcatoria internacional y que sus acciones de mitigación y solución del problema son prácticas habituales y aprobadas por la minería mundial: “…La Minera Los Pelambres comenzó a operar en 1999. Organismos técnicos y ambientales chilenos autorizaron su construcción y operación y, en este contexto, del botadero Cerro Amarillo, en el entendimiento que estaban actuando en Chile. Estas autorizaciones fueron otorgadas luego de estudios ambientales y sectoriales. Cerro Amarillo no es un depósito de basura; contiene roca inerte que ha sido removida para poder acceder al mineral. Tiene un plan de Cierre Ambiental aprobado por los organismos técnicos mineros chilenos, ya que los botaderos y sus planes de cierre son parte normal de las actividades mineras”, afirma en una parte del comunicado. Más tarde, el 9 de septiembre del mismo año Minera Los Pelambres publica un nuevo comunicado, esta vez dejando en evidencia las posiciones encontradas entre ambas mineras que serían mucho más profundas que las discrepancias sobre las maniobras de mitigación propuestas. Ver comunicado.

Pasividad de funcionarios argentinos

La situación se complica ante la pasividad de los funcionarios judiciales y civiles argentinos. Ante la posibilidad que se firme algún tipo de acuerdo no público, entre las autoridades provinciales sanjuaninas, Glencore y la minera chilena, distintas organizaciones dedicadas a temas ambientales alertan a las autoridades federales, ya que la cuestión violaría el Artículo 41 de la Constitución Argentina, en cuanto prohíbe el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos. En ese sentido, el abogado Diego Seguí afirma que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descrita en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922. Debe señalarse que las autoridades sanjuaninas se distinguen por la condescendencia hacia la actividad de la gran minería. A modo de ejemplo, el reciente derrame de millones de litros de líquidos cianurados desde la mina Veladero, el cual negaron insistentemente hasta que los informes independientes fueron categóricos en cuanto a contaminación ambiental y riesgo para la salud de la población.

Fuente: INFOBAE

 

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